Una gigantesca presa hidroeléctrica y la relacionada usurpación de tierras para plantaciones amenazan a los pueblos indígenas del bajo río Omo.
Estos pueblos indígenas llevan habitando esta zona desde hace siglos, y han desarrollado técnicas para sobrevivir a sus duras condiciones.
No se les ha consultado acerca de la presa o las plantaciones, a pesar de que pueden llegar a perder su medio de vida, que depende del ciclo de inundaciones naturales del río.
El bajo río Omo, en el suroeste de Etiopía, es el hogar de ocho pueblos indígenas diferentes, cuya población asciende a unas 200.000 personas.
Sin embargo, el futuro de estos pueblos pende de un hilo. Se está construyendo en el río Omo una gigantesca presa hidroeléctrica, denominada Gibe III.
Cuando se termine, destruirá un entorno frágil y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, que están estrechamente vinculados al río y a su crecida anual.
Salini Costruttori, una empresa italiana, comenzó a trabajar en la presa Gibe III a finales de 2006 y ya ha construido un tercio de ésta. El Gobierno asegura que la construcción ya está al 50%.
Sin embargo, el mayor banco chino, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ha accedido a financiar parte de la construcción de la presa, y en 2012 el Banco Mundial accedió a financiar las líneas eléctricas del proyecto.
Tras llevar a cabo estudios de evaluación preliminares, tanto el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como el Banco Africano de Desarrollo (AfDB por sus siglas en inglés) anunciaron en 2010 que ya no estaban considerando financiar Gibe III.
En marzo de 2011 el Gobierno etíope retiró su petición de crédito al Gobierno italiano. La petición había despertado serias preocupaciones entre muchas ONG italianas, que instaron al ministro de Exteriores a que no apoyara la polémica presa.
Survival y varias organizaciones regionales e internacionales creen que la presa Gibe III tendrá consecuencias catastróficas para los pueblos indígenas del río Omo, que ya viven en condiciones extremas en esta zona seca y difícil.
Descargar la hoja informativa de International Rivers (en inglés).
En 2011 el Gobierno comenzó a arrendar enormes extensiones de tierra fértil en la región del bajo Omo a empresas malasias, italianas, indias y coreanas para la plantación de biocombustibles y otros cultivos de alto valor económico como palma de aceite, jatropa, algodón y maíz. Ha comenzado a expulsar a indígenas bodis, kwegus y mursis de sus tierras para reasentarlos en otras zonas y dejar así paso al proyecto gubernamental Kuraz Sugar, que podría llegar a cubrir 245.000 hectáreas. Los suris que viven al oeste del Omo también están siendo forzosamente reasentados para dejar paso a la plantación “Koka” de palma de aceite.
Los depósitos de grano de las comunidades y los valiosos pastos para el ganado han sido destruidos. Las personas que se oponen a la usurpación de sus tierras son con frecuencia apaleados y encarcelados. Ha habido numerosos informes de violaciones e incluso asesinatos de indígenas a manos del ejército, que patrulla por la región para proteger los trabajos de construcción y a los trabajadores de las plantaciones.
A los bodis, mursis y suris les han dicho que tienen que renunciar a sus rebaños de ganado, una parte vital de sus medios de subsistencia, y que solo pueden quedarse con algunas vacas en los reasentamientos, donde serán dependientes de las limosnas del Gobierno para sobrevivir.
Cientos de kilómetros de canales de irrigación seguirán a la construcción de la presa, desviando hacia las plantaciones las aguas portadoras de vida.
Descargar el informe de Human Rights Watch Qué pasará si llega el hambre.
No se ha realizado ningún informe de impacto medioambiental o social para las plantaciones y el proyecto de irrigación, ni se ha llevado a cabo ninguna consulta con los pueblos indígenas.
A pesar de haberse reunido con representantes de comunidades mursis y bodis y de haber escuchado sus relatos sobre los graves abusos de derechos humanos que se están produciendo, Reino Unido y Estados Unidos, los dos mayores donantes a Etiopía, no han investigado estas informaciones.
Descargar el informe sobre el acuerdo de tierras en el Omo del Oakland Institute.
El valle bajo del río Omo es un paraje de una belleza espectacular, que alberga diversos ecosistemas, incluidas praderas, restos volcánicos y uno de los pocos bosques de ribera “prístinos” que quedan en el África semiárida, hábitat de una rica y variada fauna y flora.
Los bodis (me’en), los daasanaches, los karas (o karos), los kwegus (o mugujis), los mursis y los nyangatoms viven a lo largo del río Omo y dependen de él para subsistir, habiendo desarrollado complejas prácticas socioeconómicas y ecológicas intrincadamente adaptadas a las duras y frecuentemente impredecibles condiciones del clima semiárido de la región.
La crecida anual del río Omo propicia la rica biodiversidad de la región y garantiza la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, máxime si se tiene en cuenta que las precipitaciones son escasas e irregulares.
Dichos pueblos dependen de este fenómeno para poder practicar un sistema de cultivos que depende de las crecidas, aprovechando la fértil franja que queda a lo largo de las orillas del río cuando el nivel de las aguas desciende lentamente.
También recurren al cultivo pluvial rotativo de sorgo, maíz, habas, pimientos, calabacines y tabaco en los terrenos inundables. Algunos de estos pueblos, en particular los kwegus, practican la caza y la pesca.
Las vacas, cabras y ovejas son parte vital del modo de vida de la mayoría de estos pueblos indígenas, al reportarles sangre, leche, carne y pieles. Las vacas tienen un gran valor y se emplean como pago por la riqueza que aporta la novia que va a ser desposada.
Constituyen una importante protección contra el hambre cuando escasean las lluvias y los cultivos. En determinadas épocas las familias se desplazan a campamentos temporales para proporcionar nuevos pastos a los rebaños, sobreviviendo a base de la leche y la sangre que éstos les aportan. Los bodis dedican poemas a sus reses favoritas.
Otros pueblos, como los hamares, chais, suris y turkanas, viven más alejados del río pero, gracias a una red de alianzas interétnicas, también ellos pueden acceder a los terrenos inundables, especialmente en tiempos de escasez.
A pesar de esta cooperación, cada cierto tiempo se producen conflictos entre los pueblos por los recursos naturales. Debido a que el Gobierno de Etiopía se ha ido apropiando de cada vez más territorio indígena, la competencia por los escasos recursos se ha intensificado. La introducción de armas de fuego ha vuelto más peligrosas las luchas interétnicas.
Los pueblos indígenas del valle bajo del río Omo llevan años sufriendo una progresiva pérdida de acceso y control sobre sus tierras. En los años sesenta y setenta se crearon dos parques nacionales, en los que los indígenas están excluidos de la gestión de los recursos. Los turistas pueden ir de safari y cazar en las tierras indígenas, mientras que éstos tienen prohibida la caza. Esto se ha traducido en un aumento de la malnutrición.
En los años ochenta, parte de su territorio se convirtió en superficie agrícola de regadío administrada por el Estado y recientemente el Gobierno ha comenzado a arrendar grandes extensiones de tierra indígena a empresas y gobiernos extranjeros para que puedan desarrollar cultivos industriales, incluida la producción de biocombustibles.
Los pueblos indígenas que llevan usando esta tierra durante generaciones, viviendo de la agricultura de subsistencia y del pastoreo de su gandado, no han tenido oportunidad de dar su opinión sobre el tema.
Aunque la Constitución de Etiopía garantiza a los pueblos indígenas el derecho a “ser plenamente consultados” y a expresar “sus puntos de vista en la planificación y puesta en marcha de políticas medioambientales y proyectos que los afectan directamente”, en la práctica la consulta rara vez se lleva a cabo completa y adecuadamente.
Los habitantes del valle del Bajo Omo toman todas las decisiones públicas después de exhaustivas reuniones comunitarias en las que participan todos los adultos. Muy pocos hablan amárico, el idioma nacional, y los niveles de alfabetización son los más bajos del país, lo que significa que apenas pueden acceder a la información relativa a los asuntos que los afectan.
Un enviado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que visitó el Bajo Omo en enero de 2009 para evaluar el impacto de la presa Gibe III informó de que las comunidades indígenas no sabían nada o prácticamente nada sobre el proyecto.
Con la intención de sofocar el debate sobre las controvertidas políticas y restringir la sensibilización sobre los derechos humanos, el Gobierno hizo público en febrero de 2009 un decreto por el que se establecía que cualquier organización benéfica u ONG que obtuviera más del 10% de su financiación de fuentes extranjeras (lo cual es el caso de prácticamente todas las organizaciones sin ánimo de lucro en Etiopía) no tiene permiso para defender los derechos humanos y democráticos.
En julio de 2009, la Southern Region’s Justice Bureau (Oficina judicial de la región del Sur) revocó las licencias a 41 “asociaciones comunitarias” locales, a las que acusaba de no cooperar con las políticas gubernamentales. Muchos observadores creen que esta revocación es, en realidad, una medida del Gobierno para erradicar cualquier tipo de debate u oposición a la Gibe III.
En julio de 2006 el Gobierno de Etiopía firmó un contrato con la compañía italiana Salini Costruttori para construir Gibe III, la mayor presa hidroeléctrica del país. En lo que supone una violación de la legislación etíope, no hubo una licitación pública para adjudicar el contrato.
Las obras comenzaron en 2006 con un presupuesto de 1.400 millones de euros. Ya se ha construido la mitad de la presa y los costes siguen subiendo.
La presa bloqueará la parte suroeste del río Omo, que discurre a lo largo de 760 kilómetros desde las tierras altas de Etiopía hasta el lago Turkana en Kenia. El valle del Bajo Omo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su valor arqueológico y geológico. En esta zona el río Omo atraviesa los parques nacionales del Mago y del Omo, hogar de varios pueblos indígenas.
La legislación medioambiental etíope estipula que debe efectuarse un estudio del impacto medioambiental y social (ESIA, por sus siglas inglesas) antes de aprobar cualquier proyecto. Pese a ello, la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas inglesas) etíope aprobó el ESIA de forma retroactiva, en julio de 2008, dos años después de que se iniciaran las obras.
El ESIA fue realizado por parte de una compañía italiana, CESI, y financiado por la EEPCo (Corporación Etíope para la Energía Eléctrica) y la misma Salini, lo cual plantea dudas acerca de su independencia y credibilidad. El correspondiente informe, publicado en enero de 2009, se pronunciaba a favor del proyecto, afirmando que el impacto sobre el medio ambiente y los pueblos indígenas será “insignificante” e incluso “positivo”.
Según expertos independientes, la presa, las plantaciones y los canales de irrigación tendrán un impacto enorme sobre el delicado ecosistema de la región, al alterar la crecida estacional del río Omo y reducir drásticamente su caudal. Esto traerá consigo la desertización de gran parte de la zona ribereña y eliminará el bosque ripícola. Pueblos indígenas como los kwegus, que dependen casi exclusivamente de la pesca y la caza, quedarán en situación de indigencia.
Si la crecida natural, con sus ricos depósitos de cieno, desaparece, las economías de subsistencia se derrumbarán y al menos 100.000 indígenas tendrán que hacer frente a la escasez de alimentos. El potencial de conflicto ínter-étnico aumentará a medida que las tribus se ven obligadas a competir por recursos escasos y menguantes.
