El abogado de derechos humanos Gordon Bennett habla sobre su papel en una de las victorias legales más importantes para los pueblos indígenas y tribales.

En 2002 el Gobierno de Botsuana expulsó a 600 bosquimanos de sus asentamientos en la Reserva de Caza del Kalahari Central.

Aseguraba que según las Regulaciones de Flora y Fauna, los bosquimanos necesitaban permisos oficiales para entrar en la Reserva, y que sin ellos solo eran intrusos criminales.

Con la ayuda de Survival International, los bosquimanos llevaron su caso ante el Tribunal Supremo y ganaron, a pesar de una enmienda constitucional de última hora diseñada para desbaratar sus reivindicaciones.

Los bosquimanos argumentaban que la ley debía respetar su especial relación con la tierra, y los derechos de los que tradicionalmente cada clan disfrutaba dentro de su territorio. El Tribunal estuvo de acuerdo, y sentenció que dichos derechos debían tener precedencia sobre la letra de las Regulaciones, en su sentido estricto. Asimismo aseguró que los bosquimanos habían sido expulsados de la Reserva de forma ilegal, como también lo era la denegación de licencias de caza.

Me pidieron que representara a los bosquimanos en el juicio porque ya había trabajado en otras reivindicaciones tribales en África. Este caso, sin embargo, acabaría siendo distinto de cualquier otro que hubiera conocido.

Comenzó con un viaje a la Reserva. Tres jueces, dos equipos de abogados de Botsuana, un letrado inglés y yo pasamos varios días en uno de los entornos más duros de la tierra, seguidos de cerca por hordas de equipos de televisión con sus cámaras. Inspeccionamos los territorios tradicionales y hablamos con algunos de los hombres y mujeres bosquimanos que se habían negado a abandonar sus hogares.

En un campo de reasentamiento fuera de la Reserva se reunió un tribunal improvisado entre las vacas, los burros y las cabras. Allí, los testigos bosquimanos testificaron en sus antiquísimas lenguas de clics; tenían que esperar pacientemente a que sus respuestas fueran traducidas primero al setswana, el idioma oficial del país, y luego al inglés.

Ninguno de ellos había estado antes en un tribunal. Algunos no habían estado dentro de un edificio jamás. Después del juicio más largo y más caro de la historia de Botsuana, el veredicto fue retransmitido en directo en la televisión nacional, algo que también ocurría por primera vez. Se erigieron carpas especiales para acomodar a las muchas personas llegadas de todo África y de otras partes del mundo.

El caso judicial había conquistado la imaginación popular porque enfrentaba a una comunidad analfabeta y pobre, y su intento (aparentemente sin esperanza) de proteger un modo de vida, con un Estado todopoderoso con recursos (aparentemente ilimitados) a su disposición.

Si el veredicto fue una sorpresa para los medios de comunicación, para los bosquimanos fue un auténtico shock. Habían creído fervientemente en su causa, pero veinte años de lucha para impedir el reasentamiento de su pueblo les había hecho acostumbrarse al sabor de la derrota.

Por fin una autoridad había comprendido que la relación de los bosquimanos con sus tierras lo dicta todo: quiénes son, lo que hacen y cómo piensan.
Finalmente se había reconocido que, sin su tierra, los bosquimanos no sobrevivirán.

Cuando regresamos al Kalahari para contarle a todo el mundo lo ocurrido, nos llevaron prácticamente a hombros de asentamiento en asentamiento. La idea de que los bosquimanos podrían perder sus tierras los había dejado completamente huérfanos. Cuando llegaron las noticias de que habían recuperado su territorio, la reacción fue de éxtasis.

Sin embargo, exactamente cinco años después del veredicto, los bosquimanos aún no pueden descansar. El Gobierno permitió la construcción de un alojamiento turístico dentro de la Reserva en 2010, y ya están avanzados los trabajos de construcción de una mina de diamantes valorada en 3.000 millones de dólares. A pesar de la sentencia, aún no ha debatido estas concesiones, u otras propuestas que pudiera tener en mente para la Reserva, con los bosquimanos.

También ha habido buenas noticias. En septiembre de 2011 se destapó el pozo más grande de la Reserva por primera vez en casi una década. Este gran paso adelante solo se consiguió después de años de más litigios, pero acabó por triunfar la perseverancia de los bosquimanos. Desde entonces han empezado a regresar y se bañan en el agua que se les negó durante tantos años.

Los bosquimanos no piden ayudas del Gobierno, ni carreteras, ni hospitales. Sí quieren, sin embargo, que se los consulte sobre los planes de desarrollo de la Reserva, tanto si son del sector público como del sector privado. No parece algo excesivo. Por el contrario, en la actualidad la normativa internacional espera de gobiernos y empresas que obtengan el “consentimiento previo, libre e informado” de los pueblos indígenas antes de embarcarse en cualquier proyecto en sus tierras.

Aún está por ver si el Gobierno intentará obtener este consentimiento. Los abogados pueden negociar acuerdos para limitar el impacto de un proyecto y para asegurar que los bosquimanos se benefician en algo de él, pero no pueden negociar consigo mismos. Si los políticos y los hombres de negocios siguen ignorando las comunidades dentro de la Reserva, será inevitable tener que hacer más viajes a los tribunales.

Si reflexionamos sobre la larga batalla a la que se enfrentaron los bosquimanos, que en muchas ocasiones pareció imposible de ganar, se hace evidente cuán significativos son estos casos, no solo desde un punto de vista individual, sino también a la hora de sentar un precedente para los derechos de propiedad territorial indígena en todo el mundo.

¿Es mucho esperar que el sentido común (y la común decencia) puedan aún salir victoriosos, y que por fin se permitirá a los bosquimanos decidir lo que ocurre en sus propias tierras? De no ser así, todos saldremos perdiendo.

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