Una gigantesca presa hidroeléctrica amenaza a los pueblos indígenas del bajo río Omo.
Estos pueblos indígenas llevan habitando esta zona desde hace siglos, y han desarrollado técnicas para sobrevivir a sus duras condiciones.
No se les ha consultado acerca de la presa, a pesar de que pueden llegar a perder su medio de vida, que depende de la corriente natural del río.
Los pueblos indígenas del valle bajo del río Omo llevan años sufriendo una progresiva pérdida de acceso y control sobre sus tierras. En los años sesenta y setenta, se instauraron dos parques nacionales, eb los que los indígenas están excluidos de la gestión de los recursos. Los turistas pueden hacer safaris y cazar en las tierras indígenas, mientras que éstos tienen prohibida la caza. Esto se ha traducido en un aumento de la malnutrición.
En los años ochenta, parte de su territorio se convirtió en superficie agrícola de regadío administrada por el Estado y recientemente el Gobierno ha comenzado a arrendar grandes extensiones de tierra indígena a empresas y gobiernos extranjeros para que puedan desarrollar cultivos industriales, incluida la producción de biocombustibles.
Los pueblos indígenas que llevan usando esta tierra durante generaciones, cultivando sus propias cosechas de subsistencia y pastoreando su gandado, no han tenido oportunidad de dar su opinión sobre el tema.
Aunque la Constitución de Etiopía garantiza a los pueblos indígenas el derecho a que se les "consulte adecuadamente "y a que expresen “sus puntos de vista en la planificación y puesta en marcha de políticas medioambientales y proyectos que les afectan directamente”, en la práctica la consulta rara vez se lleva a cabo completa y adecuadamente.
Los habitantes del valle bajo del río Omo toman todas las decisiones públicas después de exhaustivas reuniones comunitarias en las que participan todos los adultos. Muy pocos hablan amárico, el idioma nacional, y los niveles de alfabetización son los más bajos del país, lo que significa que apenas pueden acceder a la información relativa a los asuntos que les afectan.
Un enviado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que visitó el bajo Omo en enero de 2009 para evaluar el impacto de la presa Gibe III informó de que las comunidades indígenas no sabían nada o prácticamente nada sobre el proyecto.
Con la intención de sofocar el debate sobre las controvertidas políticas y restringir la sensibilización sobre los derechos humanos, el Gobierno hizo público en febrero de 2009 un decreto por el que se establecía que cualquier organización benéfica u ONG que obtuviera más del 10% de su financiación de fuentes extranjeras (lo cual es el caso de prácticamente todas las organizaciones benéficas de Etiopía) no tiene permiso para defender los derechos humanos y democráticos.
En julio de 2009, la Southern Region’s Justice Bureau (Oficina judicial de la región del Sur) revocó las licencias a 41 “asociaciones comunitarias” locales, a las que acusaba de no cooperar con las políticas gubernamentales. Muchos observadores creen que esta revocación es, en realidad, una medida del Gobierno para erradicar cualquier tipo de debate u oposición a la Gibe III.