Un derrame de petróleo en la Amazonia peruana devasta a comunidades indígenas

Decenas de tribus de Perú han atestiguado la apertura de sus territorios a empresas de petróleo.

Decenas de tribus de Perú han atestiguado la apertura de sus territorios a empresas de petróleo.
© Johan Wildhagen/Survival

En solo dos meses las comunidades indígenas de la Amazonia peruana han sufrido dos derrames de petróleo.

Todos ellos han sido atribuidos a la empresa estatal petrolera Petroperú, que ha fallado en realizar el mantenimiento rutinario de sus oleoductos. Uno de los derrames vertió el equivalente a 2.000 barriles de crudo, que se han expandido por los ríos de la región afectando, entre otras, a las comunidades indígenas achuar, shapra, wampis y awajún.

Los vertidos han destruido el ecosistema y puesto en riesgo la salud, la alimentación y la seguridad de las comunidades de la zona. Los afectados han perdido su sustento y ya no pueden beber agua del río ni pescar para alimentarse.

Aunque las labores de limpieza son responsabilidad de Petroperú, tanto la empresa estatal como el Gobierno han tardado en reaccionar. Las propias comunidades han intentado limpiar el vertido tóxico por sí mismos y se han difundido impactantes fotografías que muestran incluso a niños, sin protección alguna, participando en este peligroso proceso de limpieza.

Este desastre medioambiental es tan solo el último de una negra y larga lista de fugas de hidrocarburos en la zona. El Gobierno ha arrendado más del 70% de la Amazonia peruana a empresas petroleras. Muchas de estas adjudicaciones corresponden a lotes que habitan pueblos indígenas. Estos proyectos no solo abren áreas hasta entonces inaccesibles a foráneos, tales como madereros y colonos, sino que también destruyen el ecosistema del que dependen muchos pueblos indígenas.

La organización nacional de pueblos indígenas, AIDESEP, denunció los derrames. Criticando la lenta acción del Gobierno, hizo el siguiente llamamiento: “Invocamos a la opinión pública internacional, medios de prensa, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles a prestar atención a este grave evento que pone en peligro la vida de las miles de personas que habitan la zona, una de las más pobres del país, y que han sido tradicionalmente postergadas”.