Aumenta el miedo a la expulsión mursi

Los mursi, pueblo nómada y ganadero que vive en el parque nacional de Omo en el sudoeste de Etiopía, temen ser expulsados de sus tierras ancestrales en nombre de la conservación. Si fueran expulsados, perderían tierras preciadas para la agricultura y pastos, que son vitales para su modo de vida e identidad.

En septiembre de 2005, la Fundación de Parques Africanos (FPA) organización privada sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos firmó un acuerdo con el Gobierno etíope para dirigir el parque nacional de Omo, hogar de los mursi. No obstante, se ha negado constantemente a reconocer y garantizar los derechos territoriales de los mursi, alegando que no puede "interferir" en la política de un "gobierno soberano".  

De acuerdo con el antropólogo David Turton, quien ha trabajado con los mursi durante más de 30 años, la tribu ha sufrido durante años la creación de granjas estatales, parques nacionales y la asignación de las concesiones de caza a las compañías de safari en y alrededor de sus tierras. Sus hijos son cada vez más vulnerables a la desnutrición, muerte y enfermedades, ya que los no indígenas se apropian de sus recursos vitales.

En diciembre de 2005, la Fundación de Parques Africanos afirmó que no sería posible garantizar los derechos territoriales de los mursi porque el Gobierno no lo aceptaría y, en cualquier caso, esto no sería necesario ya que los derechos territoriales de los "pastoralistas" ya están garantizados por la Constitución etíope (artículo 40, 5). En la práctica, sin embargo, estos derechos constitucionales rara vez se aplican. La fundación manifestó en una carta que "no vamos a llegar a ningún acuerdo por escrito con los pueblos locales". Según el Dr Turton, "la FPA puede afirmar tanto como quiera que no tiene intención de desplazar a la gente de sus tierras, pero a menos que esté preparada para formalizar un contrato vinculante para apoyar sus alegaciones, no pueden pretender que la tomemos en serio."

La FPA tampoco ha puesto a disposición de los mursi los contratos que ha firmado con los gobiernos federales y locales, negándoles, de este modo, su derecho a buscar y obtener asesoramiento legal independiente sobre un contrato que tendrá importantes consecuencias para su futuro y para el futuro de sus hijos, y que fue acordado y firmado sin su conocimiento ni consentimiento.
 
Cuando se trazaron los límites del parque, no se les proporcionó a los mursi copias de los documentos que el Gobierno les había pedido que firmaran usando las huellas de sus pulgares en los que ellos "estaban de acuerdo" con los límites actuales del parque. Este proceso de demarcar los límites del parque  fue una parodia de "consentimiento informado previo", contraviniendo acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y revelando una actitud colonialista por parte del Gobierno etíope hacia sus propios ciudadanos, actitud ante la cual la FPA hizo la vista gorda.
 
La respuesta oficial de la Fundación de Parques Africanos es que todos estos asuntos tan cruciales para los mursi se negociarán y acordarán durante las discusiones y consultas a los pueblos locales durante los meses venideros, que llevarán a la constitución de un "plan de gestión" del parque. Pero como ha dicho el Dr Turton, "¿Qué clase de negociación es esta en que una parte tiene todo el poder político y financiero y la otra no tiene ningún derecho  ejecutorio legal? Hablar de "negociación" en estas circunstancias carece de sentido. La propuesta de "Confía en nosotros: todo se solucionará con este plan de gestión" parece, en la práctica, una forma de asegurarse que todo el poder de la toma de decisiones permanece firmemente en las manos de la FPA. Es poco probable que los pueblos locales sean felices con esta propuesta".     

Los que apoyan a los mursi presionan a la Fundación de Parques Africanos para que:

  • firmen acuerdos vinculantes legales con cada uno de los grupos que viven en el parque o que hacen uso de la tierra del parque para la agricultura o el pasto, que garanticen sus derechos a un sustento seguro en los territorios existentes;
  • especifiquen por escrito los beneficios sociales y económicos que se esperan acumular para las comunidades locales, incluido un porcentaje de los ingresos por el turismo y la caza;
  • faciliten el acceso libre de los pueblos locales al texto completo de cualquier acuerdo que haya firmado con los gobiernos federales y regionales; y
  • que proporcione a los pueblos locales copias de los documentos que se les pidió que firmaran durante el proceso de demarcación de los límites, y por los que se obtuvo su "consentimiento informado previo" para legalizar los límites del parque.
Dando estos pasos, la FPA ayudaría a otorgarles poderes a los grupos que viven en y alrededor del parque nacional de Omo, para que estos puedan negociar y tomar parte en la toma de decisiones conjunta sobre la gestión del parque. Dándoles este poder a los pueblos locales, la Fundación estaría cediendo inevitablemente parte de su poder – algo difícil de hacer. Pero si realmente cree que "el apoyo firme a los mursi y a otros pueblos locales es fundamental para la gestión efectiva de la zona", no hay otra manera de hacerlo.